Fraude tributario: qué arriesga y cómo defenderse

Una investigación por fraude tributario no es un problema contable que pueda dejarse para después. Cuando el Servicio de Impuestos Internos detecta antecedentes que estima constitutivos de delito, el caso puede avanzar hacia la Fiscalía y poner en juego la libertad, el patrimonio, la continuidad del negocio y la reputación de una persona. Cada declaración, documento tributario, registro contable o conversación entregada sin estrategia puede adquirir relevancia penal.

La primera regla es simple: no confunda una diferencia de impuestos con una condena. Para que exista responsabilidad penal deben acreditarse elementos específicos, entre ellos una conducta dolosa. Pero tampoco minimice una citación, requerimiento o fiscalización. Una defensa eficaz comienza temprano, antes de que una explicación incompleta quede fijada en el expediente.

Cuándo una irregularidad puede convertirse en fraude tributario

En Chile, el fraude tributario abarca conductas destinadas a eludir o reducir indebidamente el pago de impuestos mediante maniobras engañosas. El artículo 97 del Código Tributario contempla diversas figuras, con sanciones que pueden incluir multas y penas privativas de libertad, según la conducta concreta, el monto involucrado, la reiteración y la participación de cada imputado.

Entre los hechos que suelen ser investigados se encuentran la presentación maliciosamente incompleta o falsa de declaraciones, la utilización de facturas o documentos tributarios falsos, el aumento artificial de créditos fiscales, la omisión de ingresos y la alteración u ocultamiento de antecedentes contables. También pueden surgir imputaciones respecto de representantes legales, contadores, administradores o terceros que habrían intervenido en la operación.

El punto decisivo no es solo que exista una inconsistencia. La persecución penal exige determinar quién actuó, qué sabía, qué facultades tenía dentro de la empresa y si hubo intención de engañar al Fisco. Una contabilidad deficiente, un error de digitación, una asesoría tributaria equivocada o una falla de control interno no equivalen automáticamente a un delito. La Fiscalía debe probar el dolo, no presumirlo por el solo resultado tributario.

Qué puede ocurrir desde una fiscalización hasta la formalización

Muchas causas comienzan con una revisión administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Pueden solicitarse libros contables, respaldos de compras y ventas, contratos, cartolas bancarias, correos, declaraciones juradas y antecedentes de proveedores. En esta fase, las respuestas improvisadas pueden generar contradicciones que luego serán utilizadas para sostener una hipótesis penal.

Si el SII estima que existen antecedentes de delito, puede ejercer las acciones que le permite la ley. A partir de allí, la investigación puede quedar en manos del Ministerio Público, con diligencias como toma de declaraciones, levantamiento de información bancaria autorizado judicialmente, incautación de equipos, entrada y registro, peritajes contables y análisis de comunicaciones.

La formalización no es una condena. Es el acto en que la Fiscalía comunica ante el Juzgado de Garantía que desarrolla una investigación respecto de una persona por hechos determinados. Sin embargo, marca un momento de alto riesgo: pueden discutirse medidas cautelares, restricciones patrimoniales y condiciones que afectan la actividad profesional o empresarial del imputado.

Una defensa penal seria debe preparar cada etapa. Esto incluye evaluar la legalidad de las diligencias, revisar el alcance de las órdenes judiciales, controlar la obtención y conservación de evidencia digital, y evitar que una imputación amplia se transforme sin control en una acusación sostenida por inferencias.

La defensa en una causa por fraude tributario se construye con evidencia

En delitos económicos, la explicación jurídica por sí sola no basta. Los documentos deben ser leídos en su contexto comercial, contable y operativo. Una factura cuestionada puede responder a un servicio real mal documentado, a una cadena de subcontratación compleja o a un error cometido por un tercero. Cada escenario exige una estrategia distinta.

La defensa debe reconstruir los hechos antes que la acusación los simplifique. Eso significa identificar quién administraba las claves tributarias, quién autorizaba pagos, cómo se seleccionaban proveedores, qué servicios se recibieron efectivamente, qué respaldo existe y cuándo cada persona tomó conocimiento de una eventual irregularidad.

También es indispensable separar responsabilidades. No todo socio, gerente, contador o trabajador tiene el mismo grado de intervención. En algunas investigaciones, la Fiscalía atribuye decisiones corporativas a una persona solo por su cargo formal, sin acreditar que controlara la operación específica. La posición en una escritura o en un organigrama no reemplaza la prueba de una actuación dolosa.

Prueba documental, pericial y digital

Las causas de esta naturaleza suelen depender de grandes volúmenes de información. Por eso, una defensa técnica debe revisar la trazabilidad de las facturas, registros contables, correos electrónicos, movimientos bancarios, contratos y respaldos de entrega o prestación de servicios.

El análisis pericial puede ser determinante. Un perito contable puede detectar errores metodológicos en una liquidación, diferencias entre períodos, duplicidades, operaciones correctamente registradas o conclusiones que no se siguen de la documentación disponible. Del mismo modo, la evidencia extraída desde computadores y teléfonos debe respetar la cadena de custodia y los límites de la autorización judicial. Si el origen, integridad o interpretación de un archivo es dudoso, esa debilidad debe ser expuesta oportunamente.

No se trata de ocultar información ni de fabricar explicaciones. Se trata de exigir que la acusación cumpla el estándar legal y que los antecedentes sean examinados con rigor, no con prejuicios contra quien desarrolla una actividad comercial o empresarial.

Errores que pueden debilitar una defensa penal

El temor lleva a muchas personas a actuar sin asesoría. Algunos entregan dispositivos, documentos o claves de acceso sin comprender el alcance de la diligencia. Otros prestan declaración para “aclarar todo” y terminan asumiendo hechos que no conocían o atribuyéndose decisiones tomadas por terceros.

También es frecuente intentar corregir antecedentes de forma apresurada, contactar a proveedores para alinear versiones o destruir documentación que se percibe como perjudicial. Estas decisiones pueden empeorar gravemente la situación y abrir nuevas líneas investigativas. La defensa debe ser activa, pero siempre legal y cuidadosamente planificada.

Evite especialmente estas cuatro reacciones:

• Declarar ante la policía o Fiscalía sin conocer los antecedentes de la investigación y sin defensa técnica.

• Alterar, eliminar o trasladar documentos físicos o digitales vinculados a la empresa.

• Firmar actas, reconocimientos o convenios sin entender sus efectos tributarios y penales.

• Coordinar relatos con terceros que puedan ser interpretados como obstrucción a la investigación.

Guardar silencio es un derecho, no una admisión de culpa. Sin embargo, ejercerlo o declarar requiere evaluar el momento procesal, la evidencia disponible y el objetivo defensivo. A veces una explicación documentada permite descartar una hipótesis temprano; en otras ocasiones, hablar prematuramente entrega a la Fiscalía información que aún no tenía.

Salidas procesales y decisiones que exigen estrategia

No todas las investigaciones por fraude tributario terminan en juicio oral. Dependiendo de los antecedentes, puede discutirse el sobreseimiento, la falta de participación, la inexistencia de dolo, una recalificación jurídica o alguna salida procesal legalmente procedente. La conveniencia de cada alternativa depende de la imputación, la prueba, los antecedentes personales y las consecuencias profesionales o patrimoniales que el cliente enfrenta.

Aceptar una salida rápida puede parecer atractivo bajo presión, pero no siempre protege el futuro. Puede tener efectos en licitaciones, cargos directivos, permisos, relaciones bancarias y reputación. Por otra parte, litigar hasta juicio exige una preparación probatoria real y una evaluación honesta de los riesgos. No existen soluciones automáticas: existe estrategia fundada en antecedentes verificables.

En el Estudio Jurídico Marcelo Meriño Aravena, la defensa penal de delitos económicos se aborda combinando litigación, análisis documental y apoyo pericial cuando el caso lo exige. El objetivo es proteger la libertad, cuestionar pruebas obtenidas o interpretadas deficientemente y construir una posición clara desde el primer contacto con la autoridad.

Si recibió una citación del SII, una citación policial, una orden de investigar o una comunicación de Fiscalía, actúe con calma, conserve los antecedentes y busque defensa penal de inmediato. Cada minuto cuenta, pero una decisión informada puede marcar la diferencia entre una imputación que avanza sin control y una defensa capaz de proteger su futuro.